"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Opinión
En la buena dirección
Un insulto para olvidar
José Manuel González Huesa, director cermi.es semanal y director general de Servimedia
07/01/2022
Esta reforma supone un paso adelante en la configuración del Estado social proclamado en nuestra Constitución, centrado en el apartado dedicado a los principios de la política social y económica, más concretamente, en la protección de las personas con discapacidad. El objetivo es intensificar la incidencia de estos principios en la realidad social y avanzar en la protección social de aquellos sectores de la población que más lo necesitan.
La reforma del artículo 49 de la Constitución Española se ha realizado a iniciativa del Gobierno a partir de la propuesta de la Comisión para las políticas integrales de la discapacidad del Congreso de los Diputados y ha contado con la participación del colectivo de personas con discapacidad, representado por el CERMI. Se han incluido en el nuevo texto constitucional los aspectos que este colectivo considera fundamentales.
Hasta ahora siempre había consenso de los grupos parlamentarios sobre esta materia, ¿por qué ahora lo han roto? ¿Cuál es el objetivo? No valen explicaciones baldías sobre otras reformas ni más excusas.
Hay que reconocer que el artículo 49 de la Constitución fue un gran avance en la protección de las personas con discapacidad en 1978 al reconocer constitucionalmente al colectivo en un ámbito concreto de protección, pero el paso de cuatro décadas ha hecho envejecer el texto constitucional. Además, en este tiempo se ha aprobado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, lo que ha supuesto un punto de inflexión en el reconocimiento y protección de sus derechos.
Con esta reforma, el artículo 49 de la Constitución Española se actualiza para adaptarlo a la Convención de 2006 y se modifica tanto desde el punto de vista del lenguaje como de su estructura y su contenido.
La terminología que emplea el artículo para referirse ahora al colectivo de las personas con discapacidad es muy importante porque así se actualiza el lenguaje de una forma que refleja los propios valores de la Constitución y la dignidad inherente a este colectivo.
Pero la reforma va mucho más allá del lenguaje al cambiar la estructura del artículo en coherencia con la multiplicación de los enfoques desde los que se aborda la discapacidad. Por eso se divide el precepto en cuatro apartados, cada uno de los cuales refleja una dimensión diferente de la protección de las personas con discapacidad.
También se modifica el contenido del artículo para adaptarlo a las concepciones actuales sobre la protección de las personas con discapacidad, que ya no se basan en la concepción médico-rehabilitadora que subyace en su redacción original.
De este modo se pone el énfasis sobre los derechos y deberes de los que son titulares las personas con discapacidad, como ciudadanos libres e iguales.
Además, se fijan los objetivos que deben orientar la acción positiva de los poderes públicos como son su plena autonomía personal y su inclusión social, políticas que deberán respetar siempre la libertad de elección y preferencias de las personas con discapacidad.
En la fijación de estas políticas, la reforma incluye la participación de sus organizaciones representativas, de la sociedad civil articulada, en aras de que estén presididas por el diálogo y que estas organizaciones sean consultadas y cooperen activamente en la adopción de las políticas públicas que les afecten.
La situación de especial vulnerabilidad de las mujeres y niñas con discapacidad justifica que el nuevo artículo 49 de la Constitución haga una alusión expresa a la atención específica de sus necesidades.
Se recoge, también, la especial protección de las personas con discapacidad, para que reciban la atención especializada que requieren y se encuentren especialmente amparadas para el disfrute de los derechos que la Constitución otorga a toda la ciudadanía.
Finalmente, y como cláusula de cierre, se hace una referencia a la protección que ofrecen los tratados internacionales ratificados por España que velan por los derechos de las personas con discapacidad.
El artículo 49 de la Constitución Española queda redactado ahora en los siguientes términos:
"Artículo 49"
- 1 Las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación.
- 2 Los poderes públicos realizarán las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad. Estas políticas respetarán su libertad de elección y preferencias, y serán adoptadas con la participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad en los términos que establezcan las leyes. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad.
- 3 Se regulará la especial protección de las personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes.
- 4 Las personas con discapacidad gozan de la protección prevista en los tratados internacionales ratificados por España que velan por sus derechos."
¿Quién puede oponerse a estos cambios? ¿Cuándo lo aprobaran los señores parlamentarios? Este 2022 es un año clave para olvidar en el mundo de los recuerdos el insulto que supone hoy llamar disminuidos a las personas con discapacidad. Un poco de sensatez y más acuerdo entre todos, como en el pacto de 2018 entre los políticos que iniciaron el camino de este cambio del artículo 49 de la Constitución. Esta sociedad se lo merece.
